Declaración jurada: declaración formal escrita que se declara bajo juramento.

Arbitraje: procedimiento que se produce fuera de la sala del tribunal donde se desarrolla una disputa ante un árbitro neutral.

Privilegio abogado-cliente: todas las comunicaciones entre el abogado y el cliente son confidenciales.

Queja: documento legal que se presenta para iniciar una demanda civil. La demanda describe las acusaciones del demandante contra el demandado y también incluye sus oraciones de reparación.

Tarifa de contingencia: en lugar de una tarifa fija o por hora, se paga una tarifa de contingencia a un abogado cuando se gana el caso. Es un porcentaje del monto del acuerdo del veredicto. En caso de que el abogado no tenga éxito, no se cobrarán honorarios al cliente.

Úlcera de decúbito: áreas de piel y tejido dañados causadas por la circulación en un área del cuerpo que se está asfixiando. La falta de circulación en la zona provoca la muerte de los tejidos. También se les conoce como llagas por presión o llagas por presión.

Demandado: la persona contra quien se presenta la demanda.

Deposición: un testimonio oral tomado bajo juramento en el que una de las partes presenta preguntas a los testigos relevantes de la otra.

Descubrimiento: una investigación que se lleva a cabo antes de que una demanda llegue a juicio.

Expediente: un calendario de casos que se llevarán a cabo en el tribunal durante un período de tiempo determinado.

Fuga / Deambulación: la capacidad de un residente de un asilo de ancianos de abandonar las instalaciones sin supervisión.

Evaluación del riesgo de caídas: evaluación realizada por el personal de una residencia de ancianos para determinar el riesgo de caídas del residente.

La Ley Federal de Reforma de Hogares de Ancianos/OBRA: esta ley sienta el precedente de la atención y las regulaciones que un hogar de ancianos debe seguir para respetar los derechos de sus residentes.

Ley Federal de Reclamaciones por Agravios: en caso de acciones negligentes de un empleador federal que resulten en lesiones físicas, daños a la propiedad o la pérdida de la vida de otra persona, la víctima tiene derecho a buscar una compensación del gobierno según la Ley Federal de Reclamaciones por Agravios de 1946.